Madrid, 22 de junio de 2026.- El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante casi tres horas (156 minutos) ante la Audiencia Nacional el pasado miércoles 21 de junio de 2026. El juez instructor, José Luis Calama, rubricó un auto minutos después de la declaración en el que indica que el investigado no ha logrado “desvirtuar los indicios racionales de criminalidad”.
Tras salir del juzgado, Zapatero pidió la confianza de los ciudadanos y afirmó: “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez y el PSOE declararon su respaldo y empatía hacia el expresidente y sus hijas. “Tienen el respaldo y la empatía del PSOE, confiamos en su inocencia”, stated Sánchez.
En su auto, el juez Calama mencionó una comida celebrada el 26 de enero de 2021 en el restaurante Portonovo de Madrid, donde estuvieron presentes el empresario Julio Martínez Martínez y el militante socialista Tomás Guerrero Blanco. Según la investigación judicial, no está claro si José Luis Rodríguez Zapatero fue el otro comensal o si conoció esa comida de alguna manera.
La relación entre el expresidente y el empresario data de 2011, año en que Martínez Martínez compró una vivienda a la familia Zapatero-Espinosa. Posteriormente, en febrero de 2020, el empresario fundó la consultora Análisis Relevante, entidad para la que trabajó Zapatero hasta finales de 2025. Sobre los fondos de esta empresa, el juez explicitó: “Lo que sí está claro es que el dinero que entra en Análisis Relevante es básicamente para usted como persona física y para sus hijas”.
Zapatero describió sus labores de consultoría como la elaboración de “informes generales de geoestrategia política, de economía y de las consecuencias”, aclarando que estos podían consistir en viajes, comidas o consultas, y no necesariamente en documentos escritos. Sin embargo, un punto débil señalado en su versión es la imposibilidad de mostrar el rastro o huella de dichas labores.
El sumario indica que no existe ninguna prueba directa de que Zapatero ejerciera presión contra un funcionario o autoridad pública para conseguir el rescate de 53 millones de euros entregado desde el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra.
