San Miguel Amatitlán, 14 de junio de 2026.- Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado el 13 de junio de 2026. La Fiscalía de Oaxaca indicó que iniciará las investigaciones para esclarecer el asesinato del presidente municipal, atacado por un comando armado.
El alcalde sufrió extorsión y amenazas antes de ser asesinado. Según reportes, el edil no se dejó extorsionar por el crimen organizado y había manifestado que temía por su vida. El PAN señaló que “Joel Bravo Martínez había manifestado de manera directa que temía por su vida”.
Semanas antes del homicidio, el alcalde había sufrido un ataque y un secuestro virtual por parte de sujetos armados. Durante una mesa regional de seguridad celebrada el 11 de mayo, el alcalde solicitó protección y se le prometió asignarle escoltas, pero estos nunca llegaron. Jorge Romero declaró que fue “Un alcalde más que no se dejó extorsionar por la delincuencia organizada”.
El Gabinete de Seguridad federal anunció que apoyará al gobierno de Oaxaca para esclarecer el asesinato. En un comunicado, las autoridades federales indicaron: “Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad”.
Además, el Gabinete de Seguridad informó que ha reforzado su presencia en la zona con un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad. Por su parte, Acción Nacional exigió “a las autoridades federales, estatales y ministeriales una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer este crimen, castigar a los responsables y garantizar que no quede impune”.
Alejandro Moreno condenó el hecho y afirmó: “Su ejecución no es un hecho aislado. Es una muestra más de la violencia que sigue ganando terreno en nuestro país, mientras el gobierno de MORENA es incapaz de garantizar seguridad y hacer valer la ley”. Agregó que “cada alcalde asesinado representa un ataque directo contra las instituciones democráticas y contra el derecho de las comunidades a vivir en paz”.
