Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones se centran en la destrucción de más de 62,000 estructuras mayas no recuperadas y la manipulación irregular de monumentos en proyectos como el parque Balam Tun en Campeche.
Los denunciantes, integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, señalan directamente al exdirector del INAH, Diego Prieto, así como a Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Según los investigadores, las acciones se realizaron bajo el argumento de avanzar con proyectos de desarrollo y la creación de parques memoriales.
El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer afirmó que hasta 2026 no se han recuperado más de 62,000 estructuras mayas afectadas por las obras. Además, se cuestiona la intervención en 47 monumentos supuestamente restaurados para el proyecto de Chetumal y la reubicación de 36 piezas arqueológicas en el parque Balam Tun, donde se acusa que las piezas fueron desmanteladas y recombinadas, alterando su contexto original y valor histórico.
Las denuncias apuntan a lo que los especialistas califican como un “crimen de lesa arqueología”, implicando el uso de maquinaria pesada y explosivos para remover vestigios sin los protocolos adecuados. A diferencia de quejas anteriores dirigidas a constructoras, esta acción legal es un conflicto interno que busca responsabilizar a las autoridades culturales que debieron garantizar la protección de los sitios.
La situación ha generado una división dentro del organismo rector del patrimonio mexicano, mientras se espera la presentación formal de los documentos ante la Fiscalía General de la República o el Ministerio Público especializado. Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial detallada por parte de los funcionarios señalados respecto a las evidencias técnicas que respaldan estas graves acusaciones.
Este conflicto pone en relieve la tensión entre la infraestructura nacional y la conservación histórica, estableciendo un precedente sobre la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en la gestión de sitios arqueológicos. La comunidad académica espera que estas denuncias deriven en investigaciones independientes que verifiquen el estado real de los sitios en Campeche, Xpujil y Chetumal.
