Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en la que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007, un caso que involucra denuncias de agresión sexual por parte de elementos del Ejército en el estado de Veracruz. La decisión, notificada este día, establece que el país es culpable de vulnerar los derechos a la vida y a la salud, así como de fallar en las garantías y protección judicial, afectando también la integridad de los familiares de la víctima.
El tribunal regional destacó en su resolución la falta de perspectiva de género e interseccionalidad durante el proceso de investigación y juicio en México, lo cual agravó la impunidad y el daño causado. La sentencia ordena al Estado mexicano implementar medidas de reparación integral y de no repetición, aunque los detalles específicos de dichas obligaciones serán desglosados en los puntos resolutivos completos que se esperan sean publicados próximamente por la secretaría de la Corte.
La Secretaría de Gobernación (Segob) ha reconocido la notificación de la sentencia y se encuentra analizando los términos del fallo para dar cumplimiento a las disposiciones internacionales. Este caso, que data de febrero de 2007 cuando Ascencio fue encontrada moribunda en una comunidad de la Sierra de Zongolica, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual militar y la discriminación hacia las mujeres indígenas en el país.
La Corte IDH enfatizó que las autoridades mexicanas no actuaron con la debida diligencia para investigar los hechos ni para proteger a la víctima, lo que constituyó una violación sistemática de los derechos humanos. La organización de los familiares de Ascencio ha mantenido durante casi dos décadas la exigencia de justicia, argumentando que la versión oficial de una muerte por causas naturales fue desmentida por evidencias médicas y testimonios de la comunidad.
Con esta determinación, México se suma a la lista de sentencias acatadas por la Corte Interamericana que buscan transformar la jurisprudencia nacional en materia de derechos humanos. Se espera que en los próximos días el gobierno federal anuncie un plan de acción para ejecutar las medidas de reparación, que podrían incluir indemnizaciones económicas, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y reformas institucionales para prevenir la repetición de estos crímenes.
La sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos han valorado positivamente el fallo, considerándolo un paso crucial para visibilizar la violencia de género en contextos de conflicto y marginación. Sin embargo, persiste la preocupación sobre la capacidad del Estado para implementar efectivamente las medidas de no repetición en zonas donde la presencia militar sigue siendo preponderante y donde las comunidades indígenas enfrentan barreras estructurales para acceder a la justicia.
