Por Redacción
Sinaloa, 19 de marzo de 2026.- La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) exigió este miércoles garantías inmediatas de seguridad para la industria extractiva en el estado, tras confirmar la desaparición de 10 trabajadores de la empresa Vizsla Silver en el municipio de Concordia. El llamado fue realizado por Rubén del Pozo Mendoza, presidente de la organización, durante la inauguración del III Congreso Internacional Minero, donde advirtió que sin condiciones de protección no habrá desarrollo ni bienestar posible para el sector.
Del Pozo Mendoza enfatizó que los profesionales y operarios que laboran en la industria minera no deben ejercer sus funciones bajo amenazas o violencia. “Quienes trabajamos en esta industria no debemos hacerlo bajo amenaza o violencia. Sin condiciones de seguridad no habrá desarrollo ni bienestar”, declaró el dirigente ante legisladores, académicos y representantes del sector privado reunidos en el evento. La afirmación responde directamente a la crisis de seguridad que ha golpeado a la operación de Vizsla Silver, dejando a 10 familias a la espera de noticias sobre sus seres queridos.
La desaparición de los mineros en Concordia ha puesto en alerta a las comunidades extractivas de la región, subrayando la vulnerabilidad de los proyectos estratégicos para la transición energética. La AIMMGM destacó que la minería es fundamental para proveer insumos críticos como cobre, litio, plata y zinc, necesarios para las tecnologías limpias, pero señaló que la falta de seguridad pone en riesgo la viabilidad de estas inversiones y el abastecimiento nacional.
Ante la gravedad de los hechos, la asociación hizo un llamado urgente para posicionar el tema de la seguridad minera en la agenda nacional, solicitando una colaboración estrecha entre el gobierno, el poder legislativo y la iniciativa privada. Aunque no se detallaron cifras específicas sobre el impacto económico inmediato de la inseguridad, el mensaje dejó claro que la estabilidad operativa del sector depende de la capacidad del Estado para garantizar la integridad física de los trabajadores.
Hasta el momento, las autoridades locales y federales no han emitido una respuesta pública formal a las exigencias planteadas durante el congreso, ni se ha confirmado la fecha exacta en que ocurrieron los hechos de violencia en Concordia. La industria minera en Sinaloa queda a la espera de acciones concretas que permitan retomar la operación con certeza, mientras la sociedad civil y los organismos empresariales mantienen la presión para evitar que la violencia se convierta en un factor estructural que detenga el desarrollo económico de la zona.
