Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria en contra del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de presuntamente liderar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”. La resolución, emitida este mes en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, responde a una vulneración del derecho de defensa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó de forma reiterada a facilitar el acceso completo a la carpeta de investigación.
La jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del caso, determinó que la negativa de la fiscalía a entregar la totalidad del expediente constituyó una violación procesal que afectó las garantías del imputado. Farías Laguna, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, había presentado una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando supuestas irregularidades en su proceso, aunque los detalles específicos de estas acusaciones no han sido divulgados oficialmente.
El caso, registrado bajo la causa penal 325/2025, involucra a la presunta organización “Los Primos”, a la que se señala de operar desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para desviar combustibles. La investigación tiene como antecedente el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025, operación en la que también está implicado el contraalmirante Fernando Farías Laguna, hermano del principal acusado, quien se encuentra prófugo de la justicia.
La defensa del exvicealmirante, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, logró que la autoridad judicial emitiera una tutela de derechos para garantizar el acceso a toda la evidencia. La FGR había incumplido previamente un plazo de cinco días para cumplir con esta obligación, lo que finalmente derivó en la orden de reapertura de la investigación complementaria.
Este fallo judicial pone en evidencia las tensiones entre las instituciones de procuración de justicia y la defensa en casos de alto perfil, particularmente aquellos que involucran a exintegrantes de las fuerzas armadas. La reapertura del plazo investigativo otorga a la fiscalía tres meses adicionales para integrar y presentar todas las pruebas, mientras la defensa busca consolidar su estrategia con base en el expediente completo.
El contexto del caso refleja los esfuerzos por combatir redes de corrupción dentro de instancias aduaneras y de seguridad, un desafío recurrente en la administración de la justicia penal federal. El desarrollo de esta causa penal será monitoreado de cerca, dado el perfil castrense de los implicados y los volúmenes millonarios de combustible presuntamente desviados.
