Por Redacción
San Antonio Abad 124, Ciudad De México, 18 de marzo de 2026.- Tres trabajadores murieron y uno resultó lesionado tras el derrumbe de un edificio en demolición ubicado en el número 124 de Calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito, el pasado 9 de marzo. El accidente desató un enfrentamiento entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc por las responsabilidades en la supervisión de la obra, mientras la Fiscalía General de Justicia local investiga posibles irregularidades.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Ángel Mejía Correa (originario de Veracruz), Iván Raúl Montiel Vega (de Nezahualcóyotl, Estado de México) y Marcelino Moreno (de Michoacán). El sobreviviente, Ángel Miranda, operador de maquinaria de 42 años, sufrió policontusiones y fue dado de alta tras recibir atención médica.
El secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz, declaró que los familiares de las víctimas ya reciben apoyos de la empresa encargada de la demolición, identificada como Desarrolladora Metropolitana (Demec). Simultáneamente, Muñoz acusó a la alcaldía Cuauhtémoc de presentar inconsistencias documentales que demostrarían su responsabilidad en la supervisión fallida.
Por su parte, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega alegó que acuerdos del Gobierno de la Ciudad impedían a la demarcación revisar adecuadamente las demoliciones. El inmueble siniestrado tenía antecedentes de daño estructural desde los sismos de 1985 y 2017, y en 2018 fue catalogado para demolición total por riesgo colapsó.
Autoridades de Protección Civil señalaron que los trabajos se realizaban sin un Programa Interno de Protección Civil y con presuntas deficiencias en las medidas de seguridad para los trabajadores. La alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de suspensión de actividades en el predio por carecer de los requisitos de seguridad necesarios.
El predio pertenece al Fideicomiso 777 San Antonio Abad, constituido en 2020, con Marco Antonio Agustín Vargas como representante legal. La empresa Demec está vinculada al empresario Bernardo Riojas Achútegui y cuenta con participación societaria de María del Rocío Parra Rivera.
El caso reactivó demandas de vecinos y organizaciones sociales que solicitan que el predio sea destinado a vivienda social en lugar de desarrollos inmobiliarios privados, mientras la investigación fiscal continúa para determinar responsabilidades penales y administrativas.
