Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional para permitir la cadena perpetua, eliminando la prohibición expresa que existía desde 1983. La modificación al artículo 27 de la Carta Magna fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y recibió 61 votos a favor, entre ellos 59 de su partido Nuevas Ideas y aliados, además de dos diputados opositores. La medida se enmarca en el régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, que ha sido cuestionado internacionalmente por presuntas violaciones a derechos humanos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la reforma como una acción “irreversible” para garantizar la seguridad ciudadana. “Estas acciones son irreversibles”, declaró el funcionario, aunque no especificó la fecha exacta en que la reforma entrará en vigor o los procedimientos legales subsiguientes. La aprobación se produce en un contexto donde el gobierno salvadoreño ha priorizado una política de mano dura contra las pandillas, una estrategia que le ha granjeado altos niveles de popularidad interna.
Sin embargo, la iniciativa ha generado un fuerte debate entre la lucha contra la criminalidad y el respeto a las garantías fundamentales. Un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) ha vinculado las acciones del gobierno durante el régimen de excepción con posibles crímenes de lesa humanidad, una acusación que el ejecutivo de Bukele rechaza categóricamente. La reforma constitucional es vista por analistas como una profundización de este modelo de seguridad.
La oposición política en El Salvador, con excepción de los dos legisladores que apoyaron la reforma, no ha emitido una reacción unificada y específica que haya sido recogida en las fuentes disponibles. Tampoco se conoce el número total de diputados que conforman la Asamblea Legislativa, dato necesario para dimensionar la mayoría con la que se aprobó el cambio. La Constitución salvadoreña, hasta ahora, establecía un límite máximo de 50 años para las penas privativas de libertad.
El presidente Bukele, quien se ha mantenido en el poder tras una polémica reelección, ha justificado repetidamente las medidas extraordinarias argumentando una drástica reducción en los índices de homicidios. No obstante, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado miles de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y condiciones carcelarias consideradas inhumanas durante el estado de excepción. La cadena perpetua se perfila ahora como la herramienta penal más severa dentro de este esquema.
El camino para la implementación plena de la cadena perpetua podría requerir ajustes en el código penal y en los procesos judiciales. La reforma marca un punto de inflexión en el sistema jurídico salvadoreño y consolida un modelo de seguridad que, pese a las críticas externas, cuenta con un amplio respaldo interno, según sondeos de opinión. El debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos seguirá en la agenda, especialmente ante los organismos internacionales que monitorean la situación en el país centroamericano.
