Por Redacción
Washington, 19 de marzo de 2026.- La administración estadounidense activó protocolos de seguridad tras el avistamiento de varios drones no identificados sobre Fort McNair, la base militar en la capital donde residen altos funcionarios del gabinete, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth. El incidente, reportado por The Washington Post y confirmado por fuentes gubernamentales, ocurrió en los últimos diez días y generó evaluaciones para reubicar temporalmente a los mandatarios por precaución, aunque no se concretó ningún movimiento.
Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, se limitó a señalar que la institución no comenta detalles sobre movimientos de seguridad o amenazas específicas, manteniendo la reserva oficial sobre las circunstancias exactas del sobrevuelo. Funcionarios anónimos de la administración indicaron que el monitoreo de amenazas se ha intensificado recientemente en la zona, dada la presencia de la Universidad de Defensa Nacional y los altos mandos militares en el recinto.
Las autoridades investigan el origen y la nacionalidad de los aparatos, ya que hasta el momento no se ha determinado si se trata de una intrusión hostil o un error de navegación. Las cifras exactas sobre el número de drones y la hora precisa de los avistamientos no han sido divulgadas oficialmente, limitándose la información a reportes de prensa y declaraciones generales de seguridad.
Este evento de seguridad ocurre en un contexto de elevadas tensiones internacionales que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha puesto en alerta a las defensas aéreas en puntos estratégicos de la capital. A pesar de la evaluación de riesgo que sugirió mover a Rubio y Hegseth, ambos funcionarios permanecen en sus ubicaciones habituales mientras continúan las investigaciones para identificar a los operadores de los vehículos aéreos.
La situación ha llevado a un reforzamiento de la vigilancia en el área, sin que se hayan reportado daños o interceptaciones confirmadas públicamente. La falta de detalles específicos sobre las medidas adicionales implementadas refleja la política de discreción del gobierno federal ante posibles vulnerabilidades en la seguridad de sus altos funcionarios.
