Por Luis Martínez Alcántara
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a la conmemoración del 108 aniversario de la Constitución Mexicana. Este evento se llevará a cabo el 5 de febrero de 2025 en Querétaro.
La mandataria afirmó: “Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro”. Esta decisión ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial del país.
A pesar de la exclusión de Piña, se informó que otras tres ministras de la SCJN sí fueron invitadas al evento. Ellas son Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. Esta selección ha sido interpretada por algunos analistas como una muestra de las tensiones existentes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
La ausencia de la ministra presidenta en una ceremonia de tal relevancia es significativa, ya que tradicionalmente este tipo de eventos buscan la representación de los tres poderes del Estado. Su exclusión podría interpretarse como un distanciamiento institucional y una señal de las fricciones actuales entre el Ejecutivo y el Judicial.
Esta decisión también podría reflejar una estrategia política por parte del Ejecutivo para enfatizar su descontento con ciertas resoluciones de la SCJN que han sido percibidas como contrarias a las iniciativas gubernamentales. Al no invitar a la ministra presidenta, se envía un mensaje claro sobre la postura del Ejecutivo frente al Poder Judicial.
La exclusión de Norma Piña de la conmemoración de la Constitución subraya las tensiones actuales entre los poderes en México. Este acto podría tener implicaciones en la dinámica política y en la percepción pública de la relación entre el Ejecutivo y el Judicial en el país.
