Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, sostienen versiones encontradas sobre quién es responsable de supervisar la demolición de un edificio en San Antonio Abad 124, cuyo colapso el pasado 9 de marzo dejó tres personas muertas. La controversia surge luego de que el permiso de demolición fuera negado inicialmente por riesgos graves, pero autorizado tres días después mediante un Acuerdo de Facilidades.
Rojo de la Vega señaló que, con dicho acuerdo, la obligación de supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad recaía de manera ineludible en las autoridades del gobierno capitalino. “La demolición debía ser supervisada por el gobierno capitalino mediante Acuerdo de Facilidades, que obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”, afirmó la alcaldesa, calificando la decisión de autorizar la obra como deliberada y no un error.
En contraste, durante una conferencia de prensa, el secretario Inti Muñoz Santini descargó la responsabilidad primaria en la alcaldía. “La responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”, declaró el funcionario de la administración central, marcando una clara divergencia en la interpretación de las obligaciones de cada nivel de gobierno.
El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en la colonia San Antonio Abad, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Según el contexto proporcionado, el 17 de octubre del año pasado la autorización para demoler el edificio fue negada debido a la detección de diez riesgos graves. Sin embargo, apenas setenta y dos horas después, la obra recibió luz verde a través del mecanismo de Acuerdo de Facilidades, un instrumento que, según la versión de la alcaldesa, trasladaba la carga de la supervisión a la Secretaría de Vivienda de la CDMX.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de las tres víctimas mortales, así como la empresa propietaria del edificio colapsado. Tampoco hay información pública sobre el estado actual de la investigación oficial que determine las causas técnicas exactas del derrumbe o sobre la hora precisa en que ocurrió el siniestro.
Este enfrentamiento público entre la jefa territorial de Cuauhtémoc y un secretario del gobierno de Claudia Sheinbaum pone en evidencia las posibles fallas de coordinación y los vacíos en los protocolos de supervisión de obras de alto riesgo en la capital. El caso podría derivar en investigaciones administrativas e incluso judiciales para esclarecer no solo las causas del colapso, sino también los alcances y las responsabilidades establecidas en los Acuerdos de Facilidades, un mecanismo ahora bajo escrutinio.
