Los Ángeles, 09 de junio de 2026.- Nick Reiner, de 32 años y único sospechoso detenido y acusado por el asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, solicitó este lunes 8 de junio en California acceso a un fondo familiar establecido a su nombre para financiar su defensa legal y sus gastos mientras permanece en prisión.
La pareja fue asesinada en su casa de Los Ángeles a mediados de diciembre. Nick Reiner se declaró no culpable y espera juicio por dos cargos de asesinato en primer grado. Sus representantes legales calculan que existen más de un millón y medio de dólares en el fondo que sus padres crearon en 1992, el cual tenía partes divididas para cada uno de sus tres hijos: Jake, Romy y Nick.
Según la petición legal presentada, Nick no recibió la parte que le correspondía al cumplir 30 años en septiembre de 2023. Ahora exige que le entreguen al menos la mitad del pago para costear a sus abogados y cubrir necesidades en la cárcel, donde los límites de gasto son de unos 300 dólares semanales. El documento señala que los administradores del fideicomiso llevan meses dando largas a las consultas del acusado.
La solicitud detalla que los fondos son necesarios para “adquirir artículos de primera necesidad mientras esté en la cárcel (por ejemplo, calcetines y artículos de higiene personal, como jabón) dentro de los bajos límites de gasto impuestos por la prisión”. Los representantes legales de Nick Reiner afirmaron: “Lo que está en juego para Nick no podría ser más importante”.
En el litigio sobre el fideicomiso, la petición aclara: “Nick amaba a sus padres, y está devastado por sus muertes. Pero los hechos sobre lo que les sucedió y no les sucedió no son objeto de debate en este litigio sobre el fideicomiso”. El texto califica la retención del dinero como “un abuso de las facultades discrecionales del administrador del fondo”, argumentando que “ningún uso de sus fondos podría ser más importante”.
Asimismo, el documento legal acusa a los administradores de ofrecer “excusas y justificaciones cambiantes” y plantear “preocupaciones sin fundamento”, indicando que “no hay ninguna declaración judicial” que respalde la negativa a liberar los recursos.
