Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, propuso un “decálogo de ajustes” a la reforma judicial, en medio de un debate nacional sobre el funcionamiento y costos de los organismos autónomos. Un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha manejado 242,378 millones de pesos entre 2018 y 2026, con el 39.3% de su presupuesto actual destinado al financiamiento de partidos políticos.
El análisis legislativo detalló que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto del INE para el presente año, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos. Paralelamente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, se manifestó sobre las controversias políticas actuales, aunque sin especificar actores particulares.
La propuesta de la ministra Esquivel Mossa surge en un contexto de intenso debate sobre la posible modificación de la estructura del Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos. Si bien no se dieron a conocer los detalles específicos del decálogo, la iniciativa busca ajustar aspectos de la reforma judicial que han sido objeto de discusión en diversos foros.
El estudio presupuestal evidenció que el financiamiento a partidos políticos representa la partida más significativa del INE para 2026, seguido de otros dos rubros que completan la casi totalidad del gasto autorizado. Esta distribución ha generado críticas sobre la necesidad de optimizar recursos y priorizar funciones esenciales del organismo electoral.
El magistrado Bátiz García, por su parte, abordó desde el TEPJF la importancia de mantener la independencia judicial frente a las controversias políticas, aunque evitó señalar casos o partidos específicos en sus declaraciones. El tribunal electoral ha promovido el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, aunque no se proporcionaron resultados concretos de su aplicación.
El debate coincide con una revisión más amplia sobre el papel y costo de las instituciones autónomas en México, donde se confrontan visiones sobre la necesaria independencia funcional con la eficiencia en el gasto público. Las propuestas de ajuste a la reforma judicial y los cuestionamientos al presupuesto del INE reflejan una tendencia hacia la revaluación del modelo de organismos autónomos establecido en las últimas décadas.
