Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- Diversos eventos relacionados con la memoria histórica y la justicia han ocurrido simultáneamente en Latinoamérica, abarcando desde propuestas legislativas en Chile hasta sentencias judiciales en Ecuador y actos conmemorativos en México.
En Chile, un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario presentó un proyecto de resolución en el Congreso para solicitar al presidente José Antonio Kast la creación de un Museo de la Verdad sobre el período del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. La iniciativa fue ingresada en la Cámara de Diputados el mismo día que Kast rindió su primera Cuenta Pública. El proyecto pide instruir a los ministerios de las Culturas y de Obras Públicas, y al Consejo de Monumentos Nacionales, para instalar el recinto y recopilar testimonios y documentos.
El objetivo declarado del museo es exponer “el atropello, el hambre y la humillación que significó para el pueblo de Chile el Gobierno de la Unidad Popular”. La propuesta busca “preservar la memoria histórica completa y verdadera de las víctimas de desabastecimiento, la violencia política, el ‘quieto’ del Estado de Derecho y el caos económico que caracterizaron dicho período”, así como educar a las nuevas generaciones. Esta creación buscaría restar peso al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), el cual recibió el Premio de Derechos Humanos Rey de España a inicios de mayo de 2026. En el país se conservan actualmente 1.168 lugares de memoria.
Por otro lado, la justicia de Ecuador obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las Malvinas, en un caso que expuso abusos cometidos por militares durante el gobierno de Daniel Noboa. La sentencia, considerada inédita, ordenó un acto de disculpas públicas con frases redactadas por los jueces de la Corte Constitucional. El 4 de junio de 2026, el comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, pronunció las palabras de perdón en el Hemiciclo de la Rotonda de Guayaquil.
Salazar reconoció “con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil”, señalando que se les fue arrebatando “su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”. Los menores, de entre 12 y 17 años, fueron interceptados por 16 militares el 8 de diciembre de 2024; según la investigación judicial, fueron detenidos, golpeados, desnudados y abandonados, apareciendo sus cuerpos días después junto a un manglar. Durante el acto, familiares y vecinos gritaron “¡Eran niños!” y “¡Asesinos!”. Un día antes, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció hostigamiento contra familiares de las víctimas por parte de militares.
En México, la UNAM otorgó la licenciatura a la joven enfermera Verónica Soto Hernández, víctima de feminicidio, seis años después de su muerte. La joven, quien había terminado la carrera con 9.6 de calificación sin haber reprobado jamás, no pudo recibir el título inicialmente porque no cubrió totalmente el servicio social, ya que fue asesinada mientras lo cumplía. La resolución final se logró gracias a la lucha de seis años de su familia, mientras que el culpable del asesinato al parecer está sin juzgar.
Asimismo, a 17 años de la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrida el 5 de junio de 2009 y donde murieron 49 menores, familiares realizaron una ceremonia con un pase de lista. Durante el acto se mencionaron los nombres de las víctimas, seguidos por la frase “no debió morir”, mientras reiteraban su llamado a las autoridades federales para que no exista impunidad.
