Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja imputó formalmente al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo. La decisión judicial establece que existen pruebas suficientes para vincular al exmandatario con el fallido proyecto de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos.
La resolución del magistrado marca el inicio del proceso legal contra Bonilla, quien tendrá que presentarse a una audiencia de vinculación a proceso programada para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali. Durante la audiencia de imputación, la autoridad judicial determinó que los elementos presentados justifican la apertura del caso penal en contra del exfuncionario.
En su defensa, Jaime Bonilla Valdez sostuvo que el estado nunca se comprometió a construir la planta fotovoltaica, argumentando que la empresa Next Energy era la única encargada del proyecto. El exgobernador afirmó que solo existía una garantía de depósito destinada a pagar la primera mensualidad y calificó de “narrativa errónea” las acusaciones provenientes de la administración actual y los medios de comunicación.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que la denuncia surgió debido a inconsistencias detectadas en los contratos y el desarrollo del proyecto, enfatizando que se trata de un asunto legal y no de una persecución personal. La actual titular del ejecutivo estatal mantuvo que las irregularidades contractuales motivaron la acción judicial.
Bonilla Valdez cuestionó la selectividad de la justicia, argumentando que él únicamente presentó una iniciativa que fue aprobada por el Congreso de Baja California, y preguntó por qué no se ha citado a los diputados que validaron dicho proyecto. La investigación se centra en los 123 millones de pesos que fueron retenidos y posteriormente regresados en relación con la obra energética.
El caso mantiene bajo escrutinio a la clase política de la entidad, mientras se aguarda la próxima audiencia donde se definirá si el exgobernador queda formalmente vinculado al proceso penal por los delitos imputados relacionados con el uso de recursos públicos y facultades gubernamentales.
