Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía Capitalina removió a tres funcionarios de sus cargos debido a presuntas conductas de corrupción y omisiones en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada muerta el 17 de abril en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó las separaciones y aseguró que “ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”, enfatizando que “de ninguna manera va a quedar este caso impune”.
La fiscal Bertha Alcalde Luján admitió un retraso “injustificable” de 15 horas en la reacción de la institución, a pesar de que la familia había proporcionado desde un primer momento la última ubicación conocida de la víctima a través de su celular. “Implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico, lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”, declaró la funcionaria, quien calificó como “indignante” que no se actuara con la inmediatez requerida pese a las señales precisas dadas por los parientes.
Según lo informado por las autoridades, los tres funcionarios removidos son: un ministerio público que omitió entregar información sobre el domicilio; un policía de investigación señalado de solicitar dinero a la familia para acelerar la búsqueda; y un segundo policía del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada. Sobre estas acusaciones, Alcalde Luján advirtió que “solicitar dinero a las víctimas de un delito es una conducta inaceptable” y confirmó que se investigará si los agentes obstaculizaron el proceso, incluyendo la supuesta petición de esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, algo contrario a la ley.
Los hechos indican que los familiares reportaron a Edith Guadalupe como desaparecida el 15 de abril, tras perder contacto con ella cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. La familia acudió al Ministerio Público aportando la localización en tiempo real que situaba a la joven en el edificio de Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco. Sin embargo, las autoridades llegaron al inmueble hasta las 20:30 horas del 16 de abril y no pudieron ingresar de inmediato al carecer de la autorización de la administradora del complejo.
Respecto a las causas de la muerte, existen reportes divergentes en la información recabada. Por un lado, la fiscal Alcalde Luján informó que la víctima fue asesinada con un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, presentando heridas en el tórax provocadas por dicho objeto. Por otro lado, otras valoraciones médicas iniciales señalan que el cuerpo presentaba golpes muy fuertes, lo que podría ser la causa del deceso, hipótesis que deberá confirmar la necropsia para determinar también la hora aproximada de la muerte.
La investigación también se extiende a posibles actos de obstrucción de justicia por parte de la administradora y el vigilante del inmueble, quienes negaron inicialmente que Edith hubiera ingresado al lugar y se negaron a facilitar el acceso a las cámaras de seguridad. Ambos sujetos ya se encuentran declarando sobre el feminicidio. Clara Brugada reiteró su postura frente a la actuación de sus colaboradores: “No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”, mientras se continúa con la indagatoria de todos los puntos involucrados en el caso.
