Ciudad De México, 15 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados realizó el 14 de abril de 2026 la declaratoria constitucional del Plan B en materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras el aval de 19 legislaturas estatales. Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, instruyó el turno del decreto al Senado de la República para su declaratoria formal y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Los congresos que avalaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y de la Ciudad de México. La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su versión definitiva, la iniciativa topa en 15 el número de regidurías en los ayuntamientos y establece que éstas deberán asignarse bajo los principios de paridad de género. La reforma fija que los recursos anuales de los congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Paralelamente, iniciaron las entrevistas públicas de los 100 aspirantes para las tres consejerías del INE vacantes en San Lázaro, del 14 al 16 de abril. Son 50 mujeres y 50 hombres que pasaron la fase de exámenes de idoneidad. El próximo lunes se tendrá que entregar la lista de quintetas y el miércoles se deliberará en el Pleno, donde se buscarán las dos terceras partes de los votos.
Kenia López Rabadán pidió al Comité de Evaluación dar certeza y transparencia a las evaluaciones. “Es necesario que quien forme parte del INE, no debe estar marcado por la duda. Es necesario exigir en todo este proceso que podamos tener certeza, transparencia y una garantía democrática”, afirmó. Advirtió que en caso de no lograrse ese número de votos, “podríamos llegar hasta la insaculación”.
El diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada del PAN, descalificó el proceso: “El acuerdo del Comité Técnico de Evaluación es formalmente inválido y materialmente arbitrario. No motiva ni justifica la determinación y razones para integrar la lista de 100 aspirantes”. Agregó que “éste es el mismo procedimiento ocupado para la Reforma Judicial y lo hemos criticado por concentrar el poder, pero ahora en la Cámara de Diputados”.
María del Carmen Alanís Figueroa, quien obtuvo 79 puntos sobre 100 en el examen de conocimientos, afirmó que el proceso presenta deficiencias en transparencia y reglas poco claras. Indicó que las bases fueron “poco transparentes” y que no se incluyó la participación de instituciones académicas. Mencionó versiones que circularon entre participantes sobre una posible filtración del examen, aunque aclaró: “Yo no me atrevería a sostenerlo, es lo que se dice”.
Ricardo Monreal rechazó los rumores de filtración: “No me meto en eso. Voy a dar crédito al trabajo del Comité de Evaluación. No tengo idea de por qué se obtuvieron esas calificaciones ni cómo se realizó el examen, pero confío plenamente en la autonomía y el compromiso de la comisión”.
