Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes 20 de julio de 2026 a las 14:15 horas al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La medida fue ordenada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien libró órdenes de aprehensión contra 25 personas, incluyendo a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio de 2026 a las 22:00 horas mediante videoconferencia ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque reportes posteriores indican que duró 40 horas. Durante la diligencia, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, la cual queda establecida para el próximo martes 21 de julio de 2026.
En su resolución, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega concluyó que “la participación de Ernesto Ruffo Appel y/o Ernesto Guillermo Ruffo Appel no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”. La magistrada señaló que desde esa posición “organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito de carácter sistemático orientado a la introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional, en perjuicio del fisco federal y del orden económico del Estado”.
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó la participación de 70 personas físicas, entre representantes aduanales, empleados de Aduanas y otros servidores públicos. La investigación tuvo como origen el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario, está vinculada a las investigaciones. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, causando una afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos, cifra que otras fuentes elevan a 4,456 millones.
Sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política: “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”. Asimismo, precisó que la detención no tiene relación con los audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que tras estas ocho detenciones aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La familia y aliados políticos del exmandatario han cuestionado el proceso. Verónica Ruffo, hija del detenido, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”, exigencia que reiteró citando el artículo 20 constitucional. El Partido Acción Nacional (PAN) pidió legalidad y debido proceso, mientras que la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso refleja una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
Mientras Ruffo Appel y sus coacusados permanecen bajo prisión preventiva, los imputados José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
