Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe durante trabajos de demolición en un inmueble de la colonia San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, causó la muerte de tres trabajadores y dejó un sobreviviente, mientras expone un conflicto de atribuciones y la falta de supervisión estatal sobre cientos de procesos similares en la capital. El accidente ocurrió el pasado 9 de marzo en el número 124 de dicha calle, donde Ángel Miranda resultó con vida, aunque su estado de salud actual se desconoce.
La tragedia ha desatado una disputa entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, sobre quién tiene la responsabilidad de verificar la seguridad en las demoliciones. Desde el lado de la alcaldía, se alega que existe un “Acuerdo de Facilidades” que limitaría su capacidad de supervisión, trasladando esa facultad al gobierno central.
En este contexto, Luisa Gutiérrez, dirigente del PAN en la CDMX, salió en defensa de la gestión de Rojo de la Vega. Gutiérrez señaló que la alcaldía ha cumplido con solicitar las verificaciones pertinentes al Gobierno capitalino, pero que existen 456 solicitudes de inspección pendientes de respuesta, acumuladas entre octubre de 2025 y marzo de 2026. “La alcaldía ha hecho su parte, el problema es la falta de respuesta de quien ahora tiene la atribución”, afirmó la panista.
La empresa encargada de la demolición, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, podría enfrentar acciones legales. El despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano ya emitió un comunicado legal, aunque los detalles sobre las presuntas irregularidades, como una posible póliza de responsabilidad civil insuficiente, no han sido especificados por las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ CDMX) investiga el caso para determinar responsabilidades penales.
El incidente puso en evidencia la vulnerabilidad en la que operan estos trabajos. Según datos proporcionados, existen al menos otros 17 inmuebles en proceso de demolición en la Ciudad de México que podrían presentar riesgos similares debido a la falta de supervisión. La identidad de los tres trabajadores fallecidos tampoco ha sido dada a conocer públicamente, a la espera de que sus familias sean notificadas.
El cierre político del caso apunta a un enfrentamiento más amplio entre la administración central, liderada por Morena, y la oposición en las alcaldías. Mientras las investigaciones de la FGJ CDMX avanzan para esclarecer las causas técnicas del derrumbe, el debate se centra en la urgente necesidad de clarificar los protocolos y destinar recursos para inspeccionar las cientos de obras que permanecen en un limbo regulatorio, con el potencial de nuevas tragedias.
