Chilapa, 31 de mayo de 2026.- Desde el 6 de mayo, autoridades indígenas locales denunciaron la intensificación de ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, del municipio de Chilapa, Guerrero.
Los ataques fueron realizados durante más de ocho horas con armas de alto calibre y bombardeos con drones.
Estos hechos provocaron el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas, según denunció el Congreso Nacional Indígena. Las comunidades afectadas integran el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
El desplazamiento forzado supone el abandono de todo medio de sustento económico de las familias. Los ataques buscan desarticular la organización indígena que ha resistido al crimen organizado y a los megaproyectos extractivos.
La Montaña Baja de Guerrero es un territorio disputado por grupos criminales. El incremento de hechos de violencia se registra por lo menos desde 2014.
En los últimos 12 años, el crimen organizado, específicamente el grupo ‘Los Ardillos’, ha asesinado por lo menos a 81 personas y desaparecido a otras 25, según reportan autoridades indígenas.
En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a las autoridades acciones para garantizar la vida, integridad y seguridad de las comunidades del Cipog-EZ.
