Por Luis Martínez Alcántara
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Chihuahua. Esta decisión fue recibida con júbilo por colectivos como Cheros A.C., Aborto Seguro y Marea Verde, quienes desde 2023 interpusieron amparos para que la Secretaría de Salud estatal proporcionara servicios de aborto en hospitales públicos.
Las organizaciones denunciaron que la administración de la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, persistía en penalizar la interrupción del embarazo. Además, señalaron la evasión de las normas oficiales NOM-046-SSA2-2005 y NOM-047-SSA2-2015 en hospitales gubernamentales, las cuales establecen criterios para atender la violencia sexual contra las mujeres y lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro, respectivamente.
La SCJN, al resolver la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2024, enfatizó que la penalización del aborto contraviene derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva y el libre desarrollo de la personalidad. Esta sentencia complementa resoluciones anteriores que obligaban a la Secretaría de Salud estatal a proporcionar el servicio de aborto voluntario sin necesidad de un juicio de amparo previo.
Con esta Declaratoria, el gobierno de Chihuahua está ahora obligado a eliminar las barreras legales y proveer, sin excusas, el servicio de aborto voluntario y por violación. Aunque la SCJN no ordenó directamente al Congreso estatal derogar las normas que penalizan el aborto, se espera que esta sentencia impulse reformas legislativas en la materia.
Este avance en Chihuahua se suma a una tendencia nacional hacia la despenalización del aborto. Hasta la fecha, 13 estados en México han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, reflejando un cambio significativo en la protección de los derechos reproductivos en el país.
