Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B avanza en el Congreso de la Unión con el respaldo decisivo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que garantiza la aprobación de cambios estructurales en el sistema político y abre la puerta a un mecanismo de ratificación de mandato para la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027. Legisladores de Morena y el PVEM confirmaron que cuentan con los votos necesarios para alcanzar el 80% de apoyo en la Cámara de Senadores, superando las resistencias de la oposición.
Manuel Velasco Coello, líder senatorial del PVEM, anunció que 13 de los 14 senadores de su bancada votarán a favor de la iniciativa, consolidando la alianza con el oficialismo. Esta mayoría cualificada es crucial no solo para la aprobación de la reforma, sino para habilitar constitucionalmente la consulta de ratificación de mandato prevista para el segundo semestre de 2027, un mecanismo que permitiría a la ciudadanía decidir sobre la continuidad de la titular del Ejecutivo Federal.
El paquete legislativo incluye medidas de austeridad republicana que buscan reducir el gasto electoral, establecer límites del 0.7% del presupuesto estatal para los congresos locales y disminuir el número de regidores en los ayuntamientos. Además, la reforma modifica las reglas de la revocación de mandato, permitiendo que se realice en los años 2027 y 2028 y facultando al titular del Ejecutivo para pronunciarse durante el proceso, algo que antes estaba restringido.
En paralelo, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un movimiento que el bloque oficialista considera necesario para renovar la autoridad electoral. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, coordina los trabajos legislativos para finalizar la votación en los próximos días, mientras que Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, destaca la oportunidad histórica para profundizar la democracia directa en México.
La armonización legislativa ya comienza a replicarse en los estados; el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció una iniciativa local para alinear la normativa estatal con el nuevo Plan B federal. Por su parte, la oposición, representada por figuras como Elías Lixa del PAN, ha criticado la velocidad del proceso y los alcances de la reforma, aunque carecen de los votos para bloquearla en el Senado.
Este avance legislativo marca un punto de inflexión en la estrategia política de la administración de Sheinbaum, quien busca legitimar su proyecto a través de mecanismos de participación ciudadana directa. La expectativa ahora se centra en la fecha exacta de la votación final y en los detalles operativos de la consulta popular que podría definir el rumbo del país hacia el final del sexenio.
