Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que continuará con la defensa del sistema de justicia profesional ante los recientes intentos de desmantelarlo. La organización aseveró que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos.
En un comunicado, la Jufed indicó que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos”. Los integrantes del gremio, tanto en activo como en retiro, subrayaron que no responden a intereses facciosos y que su juramento de defender la Constitución es un compromiso ético con la división de poderes. “Defender la independencia judicial es defender la libertad de cada ciudadano frente a la concentración autoritaria del poder”, señalaron.
La asociación destacó que el Juicio de Amparo constituye el último baluarte del ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, advirtieron. Asimismo, exigieron atender las condiciones de los juzgadores de carrera y contar con perfiles experimentados sin contaminación partidista, calificando de retórica cualquier modificación que no integre estas consideraciones.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con una práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente, sugiriendo que sus presidencias fueran votadas por pares cada dos años.
Sánchez Cordero también consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. En relación con los artículos 95 y 97, la exministra propuso que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento. Sobre la renovación de personal, manifestó: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”.
En el contexto de la elección de juzgadores prevista para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios, pronunciándose consejeras electorales por el uso de la urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual fue determinada como vigente y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese mismo año. En sexenios anteriores, tribunales federales desecharon cientos de amparos contra obras de infraestructura como el AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como recursos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
