Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- El único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, Javier ‘N’, fue absuelto y liberado la noche del viernes 13 de marzo por un juez federal en Xochitepec, Morelos, debido a pruebas insuficientes presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). La comunidad indígena de Amilcingo, Temoac, denunció que la investigación estuvo plagada de irregularidades, incluyendo la fabricación de detenidos y la desaparición o muerte de testigos clave.
El abogado defensor, Víctor Hernández Vega, confirmó la liberación de su cliente tras un fallo absolutorio. La audiencia había iniciado el 16 de febrero y culminó con la decisión judicial que evidenció las debilidades del caso de la Fiscalía. La defensa argumentó que las pruebas presentadas eran inconsistentes y no lograron vincular a Javier ‘N’ con el crimen.
La comunidad de Amilcingo, donde Flores era un reconocido opositor al proyecto de la termoeléctrica de Huexca, ha señalado directamente al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encabezar una investigación irregular. Los pobladores aseguran que se fabricaron detenciones, se sembraron pruebas, se armaron carpetas de investigación “a modo” y se obtuvieron declaraciones falsas.
La situación se agrava con el destino de los testigos. De los tres presentados inicialmente por la Fiscalía, dos han fallecido y uno se encuentra desaparecido, lo que, según la comunidad, obstruye de manera grave la búsqueda de justicia y apunta a un posible encubrimiento o manipulación del caso.
Samir Flores Soberanes fue asesinado a tiros la mañana del 20 de febrero de 2019 frente a su domicilio en Amilcingo. Su activismo en contra de la termoeléctrica de Huexca, un proyecto prioritario del gobierno federal en ese entonces, lo había convertido en una figura visible dentro del movimiento de resistencia indígena y campesina en la región.
Con la absolución del único imputado, el caso queda prácticamente en la impunidad. La comunidad y la familia de la víctima exigen que se reinicie una investigación real, independiente y transparente que esclarezca los hechos y sancione no solo a los autores materiales, sino también a los posibles responsables intelectuales y a quienes pudieron haber incurrido en irregularidades procesales.
El fallo judicial representa un duro revés para la procuración de justicia en Morelos y reaviva las críticas hacia el manejo de casos de alto impacto político, donde las comunidades afectadas por megaproyectos denuncian constantemente criminalización y falta de garantías.
