Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso este martes por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, luego de que el juez Gerardo Anguiano Ceja resolviera su situación jurídica tras una audiencia que se extendió por casi 24 horas, iniciada el día previo. La resolución establece una garantía económica alrededor de los 100 mil pesos y fija un plazo de seis meses para la investigación complementaria solicitada por la Fiscalía General del Estado de Baja California.
La acusación central gira en torno a un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se concretó, lo cual habría generado un daño al erario estatal. Según los datos del caso, el proyecto comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. La autoridad ministerial imputa a Bonilla responsabilidades por irregularidades en permisos y compromisos financieros adquiridos durante su gestión al frente del ejecutivo bajacaliforniano entre 2019 y 2021.
Durante el procedimiento, surgieron contradicciones entre la postura de la defensa y los argumentos fiscales. Bonilla Valdez sostuvo que los pagos asociados al proyecto, cuantificados en 123 millones de pesos, se efectuaron entre enero y febrero de 2022, fechas en las que argumentó ya no estar en funciones como gobernador. Asimismo, el exmandatario defendió que su administración únicamente pactó el pago por un servicio y no la construcción directa de la infraestructura, deslindándose de las acusaciones sobre la edificación de la planta.
El juez Anguiano Ceja, encargado de dirimir el caso en la Ciudad de México, determinó proceder con la vinculación a proceso, lo que mantiene a Bonilla sujeto a la acción de la justicia mientras se profundiza en las pruebas presentadas por la fiscalía estatal. La decisión judicial ocurre en un contexto político sensible, dado que Bonilla asumió posteriormente la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, mientras la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabeza la administración que impulsa las acciones legales contra el contrato fallido.
Con esta resolución, se abre una etapa de investigación complementaria de seis meses, periodo durante el cual la Fiscalía deberá fortalecer su caso o ampliar el alcance de las imputaciones. El caso Next Energy representa uno de los litigios más relevantes contra la anterior administración estatal, centrado en el supuesto perjuicio económico derivado de un contrato de suministro energético que no llegó a materializarse en obra física alguna.
