Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez del Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California dictó auto de vinculación a proceso penal contra Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de la entidad, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. La decisión judicial, tomada la mañana de este martes, determina que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado resultaron verosímiles para someter a juicio al político, quien gobernó entre 2019 y 2021 y actualmente se desempeña como dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT).
El proceso se centra en la firma de un contrato plurianual con la empresa Next Energy para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, proyecto que nunca se llevó a cabo. Según la acusación, el acuerdo comprometía al estado a realizar pagos mensuales de 123 millones de pesos durante 30 años, lo que representaba una carga financiera total de 35 mil millones de pesos, garantizados con participaciones federales. La investigación indica que, a pesar de que no se obtuvieron los permisos necesarios para iniciar la obra, la compañía recibió un pago inicial de 123 millones de pesos.
La audiencia de vinculación comenzó el lunes 23 de marzo a las 09:23 horas y se extendió por casi 24 horas, según reportes de medios locales. Durante la comparecencia, la defensa de Bonilla argumentó que los pagos a la compañía se realizaron cuando él ya no ejercía como mandatario estatal. Sin embargo, el juez Gerardo Anguiano Ceja consideró que existen elementos suficientes para atribuirle participación directa en las irregularidades, imputándole el título de dolo, es decir, la voluntad de cometer los ilícitos.
Al término de la audiencia, Jaime Bonilla declaró a la prensa que no le sorprendía la decisión judicial y atribuyó el caso a motivaciones políticas de la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, de quien dijo ser adversario. “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito. Nada más para que aprendan, no se anden peleando con la gobernadora”, expresó el exmandatario, quien había logrado aplazar su encuentro con la justicia gracias a su fuero legislativo, mismo que perdió en 2024.
La Fiscalía estatal sostiene que Bonilla utilizó sus atribuciones constitucionales para estructurar y posibilitar la contratación, a pesar de tratarse de una competencia federal, violando presuntamente la Ley de Asociaciones Público Privadas. Además del exgobernador, varios de sus excolaboradores han sido capturados y enfrentan procesos similares. El caso se enmarca en un conflicto político abierto entre Bonilla y la administración de Marina del Pilar, quienes pertenecen a fuerzas distintas a pesar de haber compartido origen en el partido Morena.
Con la vinculación a proceso, el juez tiene un plazo de seis meses para la investigación antes de dictar sentencia. La siguiente etapa del procedimiento será definir la medida cautelar que se aplicará al implicado, mientras continúa la indagatoria sobre el destino de los recursos públicos desviados y la responsabilidad de los representantes legales de la empresa contratista.
