La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por su presunta participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocidos como lavado de dinero. La decisión judicial se tomó tras detectar una red de corrupción que involucra transferencias bancarias por más de 54 millones de pesos provenientes de las cuentas de la institución estatal.
De acuerdo con las indagatorias de inteligencia patrimonial y financiera, la autoridad identificó aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano realizadas por integrantes de esta red. De la cantidad total investigada, que asciende a 54 millones 876 mil 222 pesos, la Fiscalía imputa específicamente a Villarreal el disposición de 762,000 pesos para uso personal durante su gestión.
Las investigaciones señalan a la exfuncionaria como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023. En este mismo caso de desfalco al erario estatal, también fueron detenidos Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, quien lleva más de dos años internado en el CERESO de La Paz sin sentencia por peculado; así como Edy Hassan, socio de Ramírez, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del excontador.
Además de Villarreal, fue vinculado a proceso Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto. Fuentes de la Contraloría Estatal han señalado que estos funcionarios debieron ser acusados originalmente por peculado, advirtiendo que el delito por el que actualmente están señalados podría ser desechado, lo cual contrasta con la acción legal formal emprendida por la Fiscalía Anticorrupción.
El escándalo de corrupción en el INVI continúa expandiéndose con la revelación de que Benjamín García Meza, actual director del organismo, estuvo relacionado con el desfalco al haber autorizado transferencias mientras la cuenta se vaciaba, según documentos consultados por medios locales. Mientras tanto, las investigaciones siguen abiertas para determinar el alcance total del daño patrimonial y la posible participación de otros actores en el esquema de desvío de fondos públicos destinados a vivienda.
