Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza federal Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a una exfuncionaria identificada solo como Margarita A., tras una audiencia celebrada este 19 de marzo en la capital del país. La decisión judicial establece un plazo de dos meses para la investigación y ordenó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.
La Fiscalía General de la República (FGR) fue la entidad que impulsó las acciones legales contra las dos mujeres. En el caso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, existen discrepancias en las fuentes sobre la naturaleza exacta de los delitos por los cuales fue vinculada. Mientras que algunas reportaciones indican que se trata de delitos contra la salud, otras especifican que la acusación incluye la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados.
El contexto de estas detenciones se da en medio de las investigaciones continuas relacionadas con el caso Ayotzinapa, que refiere a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014. La investigación actual menciona hallazgos sobre la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, elementos clave para el esclarecimiento de los hechos.
Si bien las fuentes señalan que la FGR investiga a las exfuncionarias en relación con el caso de los normalistas, la resolución judicial de vinculación a proceso presenta claridades distintas respecto a los cargos inmediatos. No se ha especificado en la información disponible si ambas mujeres están siendo procesadas por los mismos delitos o si la participación de cada una en los hechos investigados es idéntica.
La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada contra Estrada Ortega implica su permanencia en el sistema penitenciario federal mientras se desarrolla la siguiente fase del procedimiento legal. La falta de información sobre el nombre completo de la segunda involucrada, Margarita A., así como la ausencia de detalles sobre el tribunal exacto que emitió la resolución, mantienen abiertas interrogantes sobre el desarrollo completo del caso.
Este avance judicial se suma a los esfuerzos de las autoridades federales por dar con paradero y justicia respecto a los 43 estudiantes desaparecidos hace más de una década, un caso que ha marcado la agenda de seguridad y derechos humanos en México desde 2014.
