Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia. El juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, dictó la resolución el 6 de abril por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, cuando la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela. Según lo relatado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al darse cuenta de que el camino estaba bloqueado, la unidad retornó hacia su casa, momento en el que “sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo”.
Fuentes periodísticas indican que el convoy militar disparó en más de cien ocasiones contra la unidad familiar. Leidy y Alexa murieron en el acto, mientras que dos adolescentes de 14 y 12 años, junto con dos adultos, sobrevivieron al ataque. En un inicio se anunció que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades.
Las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo pasado sobre la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares. Durante el proceso, agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentaron pruebas que acreditaban “el uso letal de la fuerza de forma injustificada”, calificando el hecho como una “actuación dolosa”. El centro de derechos humanos señaló que los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza, por lo que existía “una alta previsibilidad del resultado letal”.
Por su parte, la defensa de los militares argumentó que los hechos ocurrieron en “un contexto de violencia en el estado”, describiendo a la entidad como una de las más peligrosas del país debido a la disputa entre carteles de la droga. La familia de las niñas denunció el “uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza”.
Ante la vinculación a proceso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresó que “la expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”. Se informó además que la jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos.
