Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió cerrar de forma definitiva el caso contra Pío López Obrador y David León Romero, acusados de presunto financiamiento ilícito a Morena entre 2015 y 2018. La resolución, emitida entre el 18 y 19 de marzo de 2026, confirmó la exoneración al considerar que los videos difundidos en 2020 carecen de fuerza probatoria suficiente para acreditar un delito electoral.
El proyecto de resolución fue elaborado por la magistrada Mónica Soto y aprobado por la Sala Superior sin abrir una discusión de fondo entre los magistrados. El tribunal determinó que no existe evidencia documental que acredite un flujo de recursos hacia las finanzas o campañas de Morena, pese a las grabaciones donde se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo dentro de sobres de manos de David León Romero, entonces funcionario federal y militante del Partido Verde Ecologista de México.
El caso se originó en agosto de 2020 tras la difusión de videos por Latinus, medio dirigido por Carlos Loret de Mola, grabados originalmente en 2015 en el estado de Chiapas. En las imágenes aparecen montos mencionados de 1 millón de pesos y 400 mil pesos. La denuncia formal fue presentada ese mismo año y el Instituto Nacional Electoral cerró la investigación en 2021 por prescripción. Posteriormente, la Fiscalía General de la República archivó el caso penal en octubre de 2022 por falta de elementos.
El TEPJF también descartó que las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador constituyeran una confesión de delito. En 2020, el entonces mandatario reconoció públicamente que el dinero era para el movimiento, pero el tribunal consideró que dichas declaraciones no se vinculan con la contabilidad partidista ni con actos de campaña. Pío López Obrador había impugnado ante el TEPJF en octubre de 2020, y este tribunal cerró definitivamente el caso en marzo de 2026 tras seis años de proceso.
Pío López Obrador declaró no haber cometido ninguna falta o delito, posición que contrasta con las grabaciones que muestran la recepción de sobres de dinero en efectivo. Las fuentes periodísticas enfatizan la evidencia visual de los videos y la falta de rastreo del dinero, mientras que la resolución judicial concluye que no hay pruebas contundentes de financiamiento ilícito.
Con esta resolución, se pone el último capítulo a un escándalo que comenzó en 2020 y que marcó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. La oposición ha cuestionado la decisión, aunque el tribunal estimó que los indicios presentados no alcanzaban el umbral probatorio necesario para sostener una sanción electoral. El expediente quedó cerrado sin que se acreditara la vinculación del dinero con campañas políticas, incluyendo la presidencial de 2018.
