Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- El Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México admitió el juicio de amparo indirecto 410/26 y emitió una suspensión provisional contra la construcción de la Estación 3 ‘Santa Lucía’ de la Línea 5 del Cablebús. La demanda, promovida por vecinos de la Colonia Colina del Sur en la alcaldía Álvaro Obregón, identifica como autoridades responsables a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; al alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín; y a titulares de las Secretarías de Movilidad, Obras, Medio Ambiente (SEMARNAT) y al Instituto de Planeación Democrática.
Los vecinos sostienen que la obra de la Línea 5 del Cablebús, con un costo superior a los 7 mil 500 millones de pesos, se autorizó sin cumplir con los procedimientos constitucionales de planeación, sin estudios técnicos y sin mecanismos de consulta pública. El colectivo vecinal presentó un análisis técnico y geológico que indica que la estación proyectada del Cablebús atraviesa áreas de alto riesgo por hundimiento, fracturas y presencia histórica de minas.
El arquitecto Ricardo Castillo, integrante del grupo de vecinos, detalló que el trazo original del Cablebús evitaba las zonas de riesgo, pero posteriormente se realizaron cambios que exponen directamente a la colonia. “Nuestra colonia está en una zona de riesgo por hundimiento y agrietamiento. El color naranja nos indica alto riesgo y los puntos negros marcan minas históricas”, señaló Castillo. Los vecinos también reclaman la demolición irregular de una estación de seguridad financiada por los vecinos y un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).
En contraste, la calzada elevada de Tlalpan en la Ciudad de México, en su entronque Plaza Pino Suárez a la estación del Metro Chabacano, concluirá sus obras el 30 de mayo de 2026. El costo de la obra será de 2 mil 002 millones 399 mil pesos y la construcción del tramo elevado será de 1.8 kilómetros, a cargo de la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, Raúl Basulto, dijo que la calzada elevada tiene suficiencia presupuestal y va avanzada.
En Tijuana, se anunció el arranque del proyecto Supervía Bajacaliforniana / Viaducto Elevado SUBE-T, encabezado por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz y el Presidente del Consorcio Supervía Bajacaliforniana / Elevado de Tijuana SUBE-T, Alejandro Alencaster. El proyecto conectará el distribuidor vial Morelos con la Garita de Otay, con 12 kilómetros de longitud y seis carriles principales elevados. La infraestructura representa una inversión privada de 20.5 mil millones de pesos, bajo un esquema 100% privado.
En Empalme, Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró la primera etapa del Malecón Turístico El Cochórit, con una inversión de 31.6 millones de pesos e incorpora 560 metros de infraestructura que incluye vialidades, andadores, ciclovía, áreas recreativas, alumbrado público con energía solar y mobiliario urbano. Se contempla una segunda etapa del malecón para 2026, con una inversión estimada de 64 millones de pesos y la ampliación de 450 metros adicionales.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Ensenada enfrenta una situación financiera complicada. La presidenta municipal, Claudia Agatón Muñiz, propuso la contratación de un crédito por 450 millones de pesos a pagar hasta el 2046 y el refinanciamiento de otro por 410 millones de pesos. De acuerdo con resultados financieros, el Ayuntamiento encabezado por Agatón gasta más dinero del que ingresa y carece de un margen de ahorro. En 2024, el gasto total fue de tres mil 139 millones 845 mil pesos, 73 millones de pesos por encima de lo previsto.
El martes 24 de marzo de 2026, una sesión extraordinaria del Cabildo de Ensenada para discutir el refinanciamiento y nuevo crédito fue suspendida tras posponerse en dos ocasiones. Conforme a un estudio, Ensenada encabeza el ranking de los municipios más endeudados del país, con un margen de maniobra de solo 11.8% de las partidas federales, mientras el 82.2% restante está comprometido para pago de deudas que hasta 2025 alcanzaban los cinco mil millones de pesos.
