Ciudad De México, 29 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este 27 de marzo el fallecimiento de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, con lo que ascienden a 14 los casos de connacionales muertos en instalaciones de dicha agencia desde el inicio del segundo periodo presidencial de Donald Trump. La dependencia no reveló la identidad del fallecido ni esclareció la causa de su muerte.
Ante el recrudecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la ampliación del muro fronterizo impulsada por el programa One Big Beautiful Bill, señalando que existen mecanismos más efectivos para disminuir la migración, como la cooperación para el desarrollo. Durante su conferencia matutina del 25 de marzo, la mandataria enfatizó que la gente migra por necesidad y que la mejor forma de apoyarla es garantizar su bienestar, reiterando la postura de México de tender puentes y no muros.
El panorama para los migrantes se complica también en el ámbito laboral y judicial. Un reporte del Economic Policy Institute divulgado el 24 de marzo revela que nuevas reglas de la administración Trump permitirán la entrada de al menos 150 mil trabajadores agrícolas extranjeros con visas H-2A, pero reducen sus salarios entre un 26 y un 32 por ciento. Daniel Costa, director de investigación del instituto, explicó que estos cambios en la metodología del Departamento del Trabajo implican una disminución significativa de ingresos para los jornaleros, de los cuales el 90 por ciento son mexicanos.
En el frente legal, la jueza federal Sheri Polster Chappell ordenó recientemente al ICE permitir el acceso a abogados para los migrantes detenidos en el centro conocido como Alligator Alcatraz, en Florida. Esta decisión responde a demandas de organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), que han denunciado violaciones al debido proceso en el sitio, el cual se ha convertido en un emblema de la política migratoria del presidente republicano tras casi un año de operación.
Asimismo, la crisis de derechos humanos trasciende fronteras, como lo demuestra el caso de Neiyerver Adrián León Rengel, un ciudadano venezolano de 28 años que demandó a Estados Unidos por 1.3 millones de dólares. El joven alega que fue deportado ilegalmente a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador tras ser identificado erróneamente como miembro de una pandilla, convirtiéndose en el primer venezolano deportado a un tercer país en reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
La SRE mantiene activas las alertas sobre la situación de los más de 491 mil indígenas y 63 mil afromexicanos que residen en Estados Unidos, quienes enfrentan barreras adicionales para defender sus derechos debido a la falta de intérpretes en lenguas originarias. Mientras la Suprema Corte de Estados Unidos evalúa redefinir el concepto de llegada al país para solicitantes de asilo, el gobierno mexicano insiste en que las causas estructurales de la migración deben atenderse mediante estrategias de desarrollo y no únicamente con medidas de contención fronteriza.
