Por Redacción
Torreón, 21 de marzo de 2026.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón se manifestaron frente a la presidencia municipal para denunciar presuntos actos de corrupción y hostigamiento en la Dirección de Ingresos de la Tesorería. Los empleados, agrupados bajo el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Público (SUETSRT), acusaron que personal externo contratado por honorarios está realizando las funciones que les corresponden, lo cual les impide trabajar y facilita supuestas “tranzas” con dinero recuperado de deudores del impuesto predial.
Rosalva Rodríguez, secretaria general del SUETSRT, encabeza las protestas donde los trabajadores señalan específicamente al subdirector de Ingresos, Miguel Ramos, y al director de la área, Roberto Barrios, como responsables de estos reacomodos. Según la denuncia, el personal externo permanece en el área de Ingresos ubicada en la Plaza Mayor, mientras que las oficinas de Rezagos y Notificaciones se encuentran en el edificio del antiguo Banco de México, en avenida Morelos y calle Cepeda, generando una división operativa que los sindicalizados consideran irregular.
Ante las acusaciones, el alcalde Román Alberto Cepeda González atribuyó la inconformidad a ajustes administrativos destinados a mejorar la eficiencia del área de Ingresos. El edil respaldó al director Roberto Barrios y negó que exista un riesgo laboral para los trabajadores, calificando las denuncias de corrupción como “argumentos que se respetan y validan”, pero insistiendo en que se trata de simples reacomodos operativos y no de ilícitos.
La tensión surge en un contexto de crecimiento significativo en el presupuesto municipal. Mientras que en 2022 el presupuesto ejercido fue de 2 mil 850 millones de pesos, la administración actual maneja un presupuesto para 2026 de casi 6 mil millones de pesos. Los trabajadores temen que el manejo de mayores recursos en el área de recaudación sin su supervisión directa propicie desvíos de fondos provenientes de la regularización de contribuyentes morosos.
Los manifestantes buscaron una audiencia con el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, y con el tesorero Javier Lechuga Jiménez, para exponer su caso y solicitar la intervención de estas autoridades. Hasta el momento, no se ha divulgado una respuesta oficial detallada sobre la identidad y procedencia exacta del personal externo ni evidencia concreta que desmienta o confirme las supuestas irregularidades en el manejo de los fondos del predial.
La disputa pone en relieve la fricción entre la planta laboral histórica y las nuevas dinámicas de contratación en la administración pública local, con los sindicalizados manteniendo su postura de que están siendo desplazados injustificadamente de sus funciones naturales en favor de terceros, lo que consideran un mecanismo opaco dentro de la Tesorería municipal.
