Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), presentado el pasado 2 de abril ante la Asamblea General, al negar que la crisis de desaparecidos en México constituya un crimen de lesa humanidad y criticar la ‘orientación’ del documento.
Sheinbaum sostuvo que el concepto de crimen de lesa humanidad, definido por Naciones Unidas como ‘ataques sistemáticos contra la población civil’ por parte del Estado, no se adapta a la situación actual del país. La mandataria insistió en que su Gobierno está luchando contra la desaparición forzada y aseguró que ‘no pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito’.
En su respuesta, la presidenta distinguió entre las desapariciones perpetradas por el crimen organizado y aquellas generadas desde el Estado. ‘Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada guerra sucia (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre’, declaró Sheinbaum, añadiendo que si llegara a ocurrir una desaparición por parte de una autoridad, ‘debe ser sancionada’.
La jefa del Ejecutivo lamentó que el informe del CED no reconozca el esfuerzo institucional para erradicar el delito y encontrar a las más de 130,000 personas desaparecidas registradas oficialmente. ‘Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México’, afirmó, tras señalar que el documento ‘no tomó en cuenta’ las observaciones presentadas por el Ejecutivo mexicano.
Por su parte, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, defendió el proceso de análisis realizado por el órgano independiente, el cual examina la evolución de la situación a la luz de las interacciones sostenidas con el Estado mexicano desde 2012. Albán precisó que el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, ‘más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional’.
Mientras el informe del CED sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado y recomienda elevar el caso ante la Asamblea General a través del secretario general António Guterres, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) había calificado previamente el documento de ‘tendencioso’. Sheinbaum anunció que la SEGOB ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno, resultado de un análisis ‘párrafo por párrafo’ del informe.
Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General. Albán rechazó que el comité pueda ser sometido a presiones por parte de los Estados parte de las convenciones en materia de derechos humanos.
