Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, condenado como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al calificar el tema como un asunto de Estado que no debe ser objeto de concesiones extraordinarias. La declaración se produce en el contexto de la reapertura de investigaciones sobre el magnicidio ocurrido en 1994, el cual involucra ahora la hipótesis de un segundo tirador.
En contraste con la postura de la Jefatura del Ejecutivo, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que sí existe la facultad legal para emitir dicho indulto, pero advirtió que lo que falta es la voluntad política para llevarlo a cabo. Esta divergencia marca la tensión actual entre el gobierno federal y los familiares de la víctima respecto al manejo judicial y simbólico del caso.
La controversia se enmarca en la revisión de documentos del Poder Judicial de la Federación, citados por medios de comunicación, que han reavivado el debate sobre las circunstancias del crimen. La investigación actual ha puesto el foco en la figura de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a quien se le señala como un posible segundo tirador, manteniendo su procedimiento de apelación en suspenso.
Documentos judiciales indican que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha mencionado formalmente que se haya tratado de un complot, a pesar de las nuevas líneas de investigación que sugieren una conspiración más amplia más allá del ejecutor material ya sentenciado. La situación procesal de Mario Aburto Martínez, incluyendo los detalles de su condena y el tiempo cumplido, permanece como un punto de referencia en la discusión pública.
El intercambio de posiciones ocurre mientras Luis Donaldo Colosio Riojas mantiene su actividad legislativa como senador por Nuevo León, aun cuando ha manifestado aspiraciones a la gubernatura de Sonora, comentario que fue señalado irónicamente por la Presidenta en su intervención pública. El caso continúa siendo un referente de la justicia histórica en México, con implicaciones que trascienden lo penal para adentrarse en la esfera de la memoria política nacional.
