Senado debate Plan B electoral de Sheinbaum con votos del PT como clave

Nacional Política Portada

Por Redacción

Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El Senado de la República debate la iniciativa de reforma constitucional electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocida como Plan B, cuyo respaldo depende de los seis votos del Partido del Trabajo (PT) para alcanzar la mayoría calificada de 85 votos requerida. La propuesta incluye modificaciones sobre revocación de mandato, reducción de regidores en ayuntamientos y recortes al presupuesto de órganos legislativos y electorales.

El grupo de Morena en el Senado acordó aprobar la iniciativa en comisiones el lunes 18 de marzo y llevarla al pleno el miércoles, con ajustes menores que no modifican la esencia del Plan B. Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, comentaron que sólo se modificará el artículo 115 para reintegrar el principio de paridad que se eliminó por omisión y establecer que una sindicatura se integrará por hasta quince regidurías, sin fijar un número mínimo.

En relación con la revocación de mandato, los senadores confirmaron que se mantendrán los términos originales, incluida la facultad para la persona titular del poder ejecutivo de promover ese mecanismo de consulta ciudadano y de promover el voto a su favor. Cantón Zetina señaló que la presidenta Sheinbaum fue muy clara en su iniciativa y quiere dar la cara para expresar a la ciudadanía por qué quiere concluir su mandato. Inzunza resaltó que se aprobará tal como viene el párrafo añadido al Artículo 135 Constitucional, que señala: La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor, en los términos que establezca la ley.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó desde Cancún que el Plan B sí incluirá propuestas para fortalecer la paridad de género, detallando que la senadora de Morena Malú Micher ya trabaja en crear la propuesta para reforzar la participación de las mujeres en los procesos electorales. Sobre el respaldo del PT, Sheinbaum dijo que hace uno o dos días la senadora Geovanna Bañuelos, del PT, también dijo que estaba de acuerdo, pero que se tiene que poner de acuerdo el partido para definir si va a apoyar o no la iniciativa.

El Partido del Trabajo mantiene reservas sobre el Plan B y aún no define su voto a favor en el Congreso. El coordinador petista, Reginaldo Sandoval, señaló dos puntos de desacuerdo: el riesgo de inestabilidad por la revocación de mandato, al considerar que puede llevar a que los presidentes sean removidos a los tres años y genere campañas permanentes, y el tema de la identificación del partido por parte del Ejecutivo Federal. El PT respalda la reducción de gastos en congresos locales, aunque pide ajustar la propuesta sobre el número de regidores, pues el límite mínimo de siete y máximo de quince podría dificultar la paridad, inclusión y proporcionalidad.

La iniciativa fue presentada el martes 17 de marzo de 2026 ante el Senado de la República y propone modificar varios artículos de la Constitución con dos objetivos centrales: reducir privilegios en el gasto público político y fortalecer la revocación de mandato como herramienta ciudadana. El paquete llega una semana después de que la Cámara de Diputados rechazara la primera reforma electoral del gobierno el pasado 11 de marzo, al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Morena, PVEM y PT suman 87 votos en el Senado, por lo que los seis votos del PT son determinantes para la aprobación.

Entre los recortes propuestos, la iniciativa establece que el presupuesto del Senado deberá reducirse de forma progresiva durante cuatro ejercicios fiscales, hasta alcanzar una disminución acumulada del 15% en términos reales respecto al presupuesto aprobado para 2026. Las legislaturas de los estados también entrarán en la ecuación: sus presupuestos anuales no podrán superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. Los recursos que queden liberados por estos ajustes deberán destinarse a obras de infraestructura pública en beneficio de la población.

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