Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó este miércoles la reforma constitucional conocida como ‘Plan B’ electoral, una iniciativa que modifica 103 artículos de la Carta Magna distribuidos en 46 decretos. La votación final registró 87 sufragios a favor y 41 en contra, consolidando el acuerdo entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aunque con una exclusión significativa: la reforma al artículo 35 para adelantar la revocación de mandato.
La aprobación en lo general del dictamen se logró tras intensas negociaciones al interior de la coalición oficialista. El punto de mayor tensión fue la propuesta original de modificar el artículo 35 para realizar una consulta de revocación de mandato en 2027. Ante la resistencia del PT, cuyos liderazgos temían que la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apareciera en la boleta electoral de ese año, la bancada de Morena optó por retirar dicho artículo para preservar la unidad legislativa y asegurar la mayoría calificada necesaria.
El contenido central de la reforma aprobada se enfoca en la austeridad y la reestructuración de cargos de elección popular. Entre los cambios principales destaca la limitación de hasta 15 regidurías en los ayuntamientos, así como la reducción de bonos y prestaciones para los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, junto con los senadores Alberto Anaya, líder del PT, y Waldo Fernández, del PVEM, fueron figuras clave en la construcción del consenso que permitió destrabar la votación.
A pesar de la alineación general de la coalición, surgieron disidencias durante el proceso. Fuentes del debate legislativo señalaron que el senador Luis Melgar, también del PVEM, votó en contra de la iniciativa, marcando una diferencia con la postura oficial de su partido representada por Waldo Fernández. Por otro lado, las bancadas de oposición conformadas por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) cerraron filas en contra del proyecto, sumando los 41 votos negativos registrados en el marcador final.
Con esta aprobación, el Ejecutivo federal ve concretada una parte sustancial de su agenda electoral, aunque deja pendiente el mecanismo de revocación de mandato que había generado especulación sobre un posible adelanto del proceso de renovación presidencial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha vinculado el rechazo a dicha reforma con el temor de los partidos aliados a enfrentar escenarios electorales anticipados, priorizando finalmente la estabilidad de la coalición gobernante sobre la implementación inmediata de ese mecanismo de control ciudadano.
La reforma ahora deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su publicación y entrada en vigor, estableciendo nuevas reglas para la integración de los cabildos municipales y el operación financiera de los organismos electorales, mientras el debate político se desplaza hacia las implicaciones de no haber incluido la consulta popular en el paquete constitucional definitivo.
