Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de taxi concesionado a plataformas digitales diseñadas para vehículos particulares, en referencia a la alianza anunciada entre Uber y la agrupación MX Taxi. La dependencia capitalina advirtió que reforzará la supervisión y aplicará las sanciones correspondientes a quienes operen bajo este esquema irregular.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Semovi, las multas por incumplimiento normativo pueden alcanzar hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a sanciones económicas superiores a los 45 mil pesos. Las autoridades señalaron que la participación en estos esquemas no autorizados podría derivar en la suspensión o revocación de las concesiones de los conductores involucrados.
Por su parte, Félix Olmo, director general de Uber México, anunció públicamente la alianza con taxistas concesionados de MX Taxi como una estrategia para responder a la demanda de transporte esperada durante la Copa del Mundo de Fútbol 2026. El acuerdo permite a los usuarios solicitar taxis concesionados directamente desde la aplicación de la plataforma tecnológica, integrando a las unidades tradicionales al sistema digital.
Medios de comunicación reportaron que esta colaboración se concretó tras dos años de trabajo entre la empresa de aplicaciones y el gremio de taxistas. El modelo planteado busca que los conductores mantengan su carácter de transporte público regulado, operando a través de sus organizaciones y la tecnología de MX Taxi, mientras reciben solicitudes generadas en la app de Uber sin formar parte de la base de datos directa de la plataforma privada.
La postura de la Semovi genera una contradicción operativa inmediata, ya que mientras la autoridad local declara que la integración carece de aval legal y amenaza con consecuencias administrativas, Uber y MX Taxi mantienen vigente el anuncio de su unión comercial. Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta formal de las empresas privadas ante la advertencia de la dependencia gubernamental sobre la ilegalidad del servicio.
