Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió acciones de inconstitucionalidad presentadas contra reformas legislativas en los estados de Durango y Nayarit, invalidando disposiciones que establecían sesiones privadas como regla general para los tribunales locales y mecanismos de evaluación judicial contrarios al modelo federal. La decisión, tomada en la sesión del Pleno del 23 de marzo de 2026, reafirma los principios de publicidad y transparencia en la administración de justicia, así como la supremacía del sistema nacional de evaluación de candidatos.
En el caso de Durango, el máximo tribunal declaró inválida la norma que establecía el carácter privado como regla general para las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia local. La Corte determinó que dicha disposición contraviene el principio de publicidad que debe regir los actos de los órganos jurisdiccionales, garantizando que la ciudadanía tenga acceso a los debates y decisiones de los magistrados. Aunque la investigación señala que también se discutieron artículos relacionados con la duración de mandatos, el foco de la invalidación recayó en la naturaleza reservada de las sesiones.
Respecto a Nayarit, la SCJN eliminó el mecanismo de evaluación de candidaturas a través de un Comité Estatal de Evaluación Único. Los ministros consideraron que este esquema contravenía el modelo federal establecido para la selección de operadores de justicia, al crear un sistema paralelo que no se ajustaba a los estándares nacionales. Además, en esta resolución se reconoció una omisión legislativa por parte del Congreso de Nayarit, al no incorporar en sus normas los procedimientos de insaculación y el principio de paridad de género en la designación de cargos judiciales.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron impulsadas en el marco de las reformas al poder judicial, contando con la participación de actores como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal, quienes cuestionaron la validez de las normativas estatales frente a la Constitución general. La intervención de la Corte busca uniformar los criterios de operación de los poderes judiciales locales con los estándares federales, evitando fragmentación en el sistema de justicia mexicano.
Esta resolución sienta un precedente para otros estados que hayan considerado implementar medidas similares de opacidad en sus sesiones o desviaciones en los sistemas de evaluación. La invalidación de estas normas en Durango y Nayarit obliga a los congresos locales a adecuar sus legislaciones para garantizar la publicidad de los actos judiciales y la adhesión a los mecanismos federales de selección de personal, bajo los principios de transparencia y paridad.
