Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las personas de Aguascalientes tienen derecho a acceder a un procedimiento para adecuar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género. El asunto fue promovido por una asociación civil que impugnó diversas normas del Código Civil estatal y de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2024, las cuales consideraba que establecían requisitos indebidos y discriminatorios.
En una primera instancia, un juzgado resolvió que la asociación no tenía interés para reclamar esas normas. Sin embargo, en revisión se revocó dicha decisión al considerar que el objeto social de la agrupación es la defensa de los derechos a la libertad y equidad de género, por lo que sí podía reclamar ese sistema normativo.
La Corte concluyó que el procedimiento vigente en los artículos 128, 131, 133 y 135 del Código Civil del Estado de Aguascalientes no cumple con los estándares de derechos humanos. El actual mecanismo exige la intervención de una persona juzgadora o agente ministerial, contempla la inscripción de anotaciones marginales en los documentos modificados y obliga a las personas interesadas a tramitar las rectificaciones mediante un juicio civil donde deben presentar material probatorio para sustentar su solicitud.
El Máximo Tribunal recordó que, conforme a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los procedimientos de adecuación de identidad de género deben basarse exclusivamente en la autopercepción de las personas. Estos trámites no deben exigir certificaciones médicas, psicológicas ni intervenciones quirúrgicas, sino únicamente el consentimiento libre e informado de la persona solicitante, además de ser expeditos y garantizar accesibilidad, intimidad y confidencialidad.
Respecto a la Ley de Ingresos, la Suprema Corte determinó que habían cesado los efectos de la norma que contemplaba el cobro para este procedimiento, al tratarse de una disposición de vigencia anual. Como efecto de la sentencia, se ordenó la desincorporación de las normas respecto de la asociación civil que las reclamó y de sus personas afiliadas actualmente.
La sentencia busca garantizar que el Registro Civil del Estado de Aguascalientes permita la adecuación de actas mediante un procedimiento administrativo bajo dichos estándares.
