Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones civiles en México, una decisión que ha generado críticas de sectores de la sociedad civil y organismos internacionales. La medida implica que estas agrupaciones ya no podrán recibir donativos deducibles de impuestos, lo que afecta su capacidad de financiamiento.
De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación, la revocación se realizó a partir de enero de 2026. El SAT justificó la decisión argumentando que las organizaciones “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”. Entre las causas señaladas se encuentran incumplimientos administrativos y falta de acreditaciones.
Reportes en medios indican que entre las organizaciones afectadas se encuentran centros de análisis, fundaciones de salud y asociaciones que brindan apoyo a sectores vulnerables. Algunas publicaciones mencionan específicamente a organismos dedicados a investigación y políticas públicas, así como asociaciones contra el cáncer que dependen de donaciones para financiar tratamientos y medicamentos.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró a medios que desconoce los detalles específicos sobre cuántas y cuáles organizaciones fueron afectadas, presentando la decisión como un procedimiento técnico y autónomo del SAT. Sin embargo, la medida ha sido interpretada por algunos sectores como una acción con impacto político, dado que varias de las organizaciones mencionadas han mantenido posturas críticas hacia políticas gubernamentales.
Amnistía Internacional México expresó preocupación por la medida, señalando que debilita a la sociedad civil y forma parte de una tendencia regional de restricciones a organizaciones no gubernamentales. El organismo mencionó que existe una “carga administrativa excesiva” y requisitos reiterativos que dificultan el mantenimiento del estatus de donataria autorizada.
El contexto de esta polémica incluye el caso previo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización a la que se le retiró el permiso en la administración anterior por recibir dinero del extranjero. Asimismo, se ha señalado en reportes un contraste con la autorización exprés en dos días a otra asociación vinculada al expresidente López Obrador, mientras que otras organizaciones manejan plazos de hasta dos años para obtener su autorización.
Las organizaciones afectadas cuentan con un plazo legal para presentar documentación y tratar de recuperar su autorización ante la autoridad fiscal. El futuro de estas agrupaciones dependerá de su capacidad para regularizar su situación ante el SAT, lo que mantiene un panorama incierto para el sector de la sociedad civil en México.
