Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medida que forma parte de una acción más amplia que impacta a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en el país. La decisión administrativa ha generado una discrepancia legal entre lo solicitado por las asociaciones y la interpretación de las facultades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones han sido dadas de baja del registro federal, aunque el universo de entidades afectadas por las nuevas disposiciones supera la centena. El conflicto central radica en que el IMCO aseguró haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y con la acreditación de actividades solicitada por la SECIHTI, requisito que el organismo consideró válido para mantener su certificación.
Sin embargo, el SAT determinó revocar el permiso bajo el argumento de que la SECIHTI no contaba con las atribuciones legales necesarias para realizar dichas acreditaciones. Esta postura de la autoridad fiscal contradice el procedimiento que siguieron las organizaciones civiles, las cuales actuaron conforme a los lineamientos emitidos por la secretaría encargada de la materia tecnológica y científica.
Ante esta situación, el IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el pasado 18 de noviembre, buscando regularizar su situación administrativa. A la fecha, no se ha divulgado una resolución final sobre este trámite ni se ha publicado una lista completa de las más de 100 organizaciones que enfrentan incertidumbre jurídica debido a estos cambios en los criterios de validación.
La controversia pone de manifiesto un vacío o contradicción en la normativa aplicable a las donatarias autorizadas, donde el cumplimiento de un requisito por parte de una dependencia gubernamental es posteriormente invalidado por la autoridad tributaria. Las organizaciones afectadas mantienen la expectativa de que se clarifiquen las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades para conservar el beneficio fiscal.
