Lima, 24 de marzo de 2026.- Ángelo Alfaro Lombardi presentó su renuncia al cargo de ministro de Energía y Minas del Perú el fin de semana, tras hacerse pública una denuncia de violación en su contra cometida presuntamente en el año 2000. La acusación fue formulada por Jennifer Canani, quien afirma haber sido víctima del entonces gerente de una empresa eléctrica cuando ella tenía 16 años de edad. Con esta salida, el gobierno del presidente José María Balcázar suma su octavo ministro en abandonar el ejecutivo.
Los hechos denunciados ocurrieron en la ciudad de Pucallpa, donde Alfaro Lombardi, de 47 años en ese momento, ocupaba un cargo gerencial en el sector eléctrico. Según el contexto de la denuncia, Canani cursaba el quinto año de secundaria cuando sus padres habrían sido contactados por el ahora exfuncionario, quien prometió reconocer al niño producto del embarazo si le permitían convivir con la menor. La denuncia ha sacado a la luz un caso de abuso sexual de larga data que permanece sin resolución judicial reportada hasta el momento.
La investigación señala contradicciones entre las versiones de las partes involucradas: mientras la denunciante mantiene su acusación de violación, el exministro ha negado los hechos y ha sugerido que existe una intención económica detrás de la imputación. No se han detallado reacciones oficiales específicas del presidente José María Balcázar ni de otros miembros del gabinete respecto a la renuncia, más allá de la aceptación de la dimisión.
Información faltante en los reportes incluye la fecha y hora exactas de la presentación de la renuncia, así como detalles sobre la edad actual de Jennifer Canani y de su hijo. Tampoco se ha confirmado independientemente la veracidad de los hechos ocurridos hace más de dos décadas, ni se ha especificado el nombre de la empresa eléctrica donde laboraba Alfaro en el año 2000.
La caída de Alfaro Lombardi se produce en un contexto de inestabilidad para la administración de Balcázar, que ya ha visto desfilar a siete titulares de cartera antes que él. La ausencia de un proceso judicial abierto o cerrado conocido por el caso deja la controversia en el ámbito de la opinión pública y la política, sin una determinación legal que cierre el episodio.
El gobierno peruano enfrenta así un nuevo desafío de credibilidad mientras gestiona la vacante en el Ministerio de Energía y Minas. La naturaleza de la acusación, que involucra delitos contra la integridad de una menor de edad ocurridos hace 26 años, pone bajo escrutinio los antecedentes de los funcionarios nombrados en altos cargos del estado.
