Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, alertó sobre el aumento descontrolado y exponencial de fábricas de cerdos en México durante la última década, tras concluir su segunda visita oficial al país. En declaraciones públicas, el funcionario internacional señaló que el uso del término ‘granjas porcícolas’ funciona actualmente como un eufemismo para describir instalaciones industriales masivas que operan en diversas regiones de la República.
Durante su recorrido, que se llevó a cabo del 9 al 20 de marzo de 2026, Orellana documentó la existencia de complejos productivos de gran magnitud, incluyendo sitios que albergan hasta 50 mil cerdos en comunidades cuya población humana es de apenas 1,500 habitantes. Esta desproporción entre la capacidad instalada de las empresas y el tamaño de las localidades donde se asientan fue uno de los puntos centrales de su evaluación preliminar sobre el impacto ambiental y social del sector.
La gira de trabajo incluyó visitas a los estados de Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán. En cada una de estas entidades, el relator sostuvo encuentros con autoridades locales y federales para recabar información directa sobre la regulación y los efectos de la ganadería industrial. La Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) confirmaron mediante un comunicado conjunto que el objetivo de la misión fue revisar los avances en materia de protección ambiental frente a este tipo de actividades económicas.
En el marco de la visita, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, así como la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, participaron en las agendas de trabajo junto con el representante de la ONU. El relator logró reunirse con funcionarios de más de 15 dependencias del Gobierno Federal y mantuvo diálogos con representantes de los tres Poderes de la Unión para abordar la problemática desde una perspectiva integral.
El mandato del Relator Especial sobre sustancias y desechos peligrosos, establecido originalmente en 1995 y renovado en 2023, faculta a Orellana para examinar las implicaciones de estos residuos en los derechos humanos. Aunque las observaciones preliminares ya han sido expuestas, el informe final con las conclusiones detalladas y las recomendaciones específicas para el Estado mexicano será publicado oficialmente en el segundo semestre del presente año.
