Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México ese delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria aseguró que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, afirmando que esta definición es “otra cosa” establecida por la ONU que no se adapta a la situación del país.
El Comité emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad” y describió la situación como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. El documento destaca una crisis forense con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido desde los 52,000 calculados en 2021. Además, se estima la existencia de más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos.
Sheinbaum acusó al informe de tener un trasfondo político y de estar orientado a criticar al Estado mexicano. La presidenta argumentó que el análisis se basa únicamente en datos de cuatro estados y en periodos anteriores a 2018, específicamente entre 2009 y 2017. Por su parte, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y señaló que “indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T”.
En contraste, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y que su evaluación no se limita a un periodo específico, integrando información acumulada durante más de una década. El Comité subrayó que incorpora datos recientes, destacando 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, y documentó un agravamiento en estados como Guanajuato y Tabasco.
Ante la discrepancia en las cifras, el Gobierno de Sheinbaum realizó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas. Alcalde explicó que de los 132,534 casos totales, 46,742 no están vinculados a una persona debido a registros incorrectos permitidos desde 2017. Sin embargo, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”, anunciando acciones para exigir rendición de cuentas.
La diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación ante la crisis, acusándola de ejercer un papel protector del Estado. Ballesteros declaró: “Su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma” y anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político. Por otro lado, Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante e histórico”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”.
La Cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años, mientras que la Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión del organismo internacional.
