Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El senador Luis Donaldo Colosio Riojas presentó el ‘Plan Colosio’, una iniciativa de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos diseñada para atender la demanda de infraestructura derivada del nearshoring. La propuesta se basa en cuatro pilares: Vivienda Anticipada, Movilidad Eficiente, Sostenibilidad Coordinada y Corresponsabilidad Privada, con el objetivo de vincular el desarrollo industrial con planes de infraestructura social, en un contexto donde México compite por inversiones con países como Vietnam, India y Malasia.
La iniciativa surge en un momento de alta captación de capital extranjero. Datos indican que México concentró el 70% del nearshoring en América Latina, contando con más de 150 proyectos activos. Durante los primeros tres trimestres de 2025 y lo que va de 2026, el país captó más de 40 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED). Nuevo León absorbe el 28% de esta demanda nacional, consolidándose como el principal receptor de estos proyectos.
En paralelo, el estado de Veracruz busca posicionarse como un actor clave en el sector industrial. La gobernadora Rocío Nahle García y el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, participaron en la Expo Acero Veracruz 2026, evento realizado del 23 al 25 de marzo que reunió a más de 160 empresas. Actualmente, Veracruz es el tercer productor de acero del país, contando con empresas como Tamsa y Tyasa en su parque industrial.
Óscar Chahín Sanz, presidente de AIST México, destacó la relevancia del sector siderúrgico para el desarrollo económico. Por su parte, Federico Pizarro, director ejecutivo de Banca Inmobiliaria de Banco Multiva, subrayó el rol de las instituciones financieras en el financiamiento de proyectos de infraestructura inmobiliaria necesarios para sostener el crecimiento industrial, aunque la investigación no detalla cifras concretas sobre la demanda pronosticada ni la ubicación exacta de su intervención en la 89 Convención Bancaria.
El ‘Plan Colosio’ pretende establecer un marco legal que permita a los estados y municipios planificar con anticipación la vivienda y movilidad requerida por los trabajadores de las nuevas industrias. La corresponsabilidad privada busca integrar al sector empresarial en la solución de estos desafíos urbanos, evitando que el crecimiento económico genere desequilibrios sociales en las regiones con mayor afluencia de inversión.
