Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Parlamento Europeo aprobó este jueves el nuevo Reglamento de Retornos, una normativa diseñada para endurecer la política migratoria de la Unión Europea y elevar la eficiencia en las expulsiones de personas en situación irregular. La decisión fue tomada con un respaldo de 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, marcando un cambio significativo en el marco legal comunitario.
Con esta aprobación, la Eurocámara da luz verde a medidas que incluyen la creación de centros de retorno situados en terceros países, es decir, fuera de las fronteras del bloque europeo. Esta disposición busca facilitar la deportación de migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas o que no tengan posibilidad de ser devueltos inmediatamente a su país de origen, siempre que existan acuerdos previos con las naciones receptoras.
El texto ratificado también establece la obligación de los migrantes de cooperar activamente en su proceso de retorno. El incumplimiento de este requisito puede derivar en sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo hasta la imposición de medidas penales. Asimismo, la normativa amplía los supuestos de detención administrativa por riesgos de fuga o motivos de seguridad.
Según datos reportados por medios internacionales desde Bruselas, la tasa actual de ejecución de órdenes de salida en el bloque es apenas del 20 por ciento. Con la entrada en vigor de este reglamento, las autoridades europeas buscan cerrar vacíos legales y homogeneizar los criterios de expulsión entre los Estados miembros, evitando que las personas sujetas a una orden de retorno se desplacen internamente para evadirla.
Tras la votación en el Parlamento Europeo, iniciará ahora la fase de trilogía entre la Eurocámara, la Comisión Europea y el Consejo de la UE. El objetivo de estas negociaciones es armonizar las posiciones de las tres instituciones para producir un texto final definitivo que se convertirá en norma obligatoria para los Veintisiete, consolidando así el último componente del Pacto de Migración y Asilo.
