Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) respaldó la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General. Se trata de la primera vez que se activa este mecanismo extraordinario ante un problema que las organizaciones califican como generalizado y documentado por más de una década.
El Gobierno de México rechazó el informe realizado por el Comité tras acusar que está desactualizado y carece de rigor jurídico. A través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo negó que permita o tolere desapariciones forzadas y señaló un conflicto de interés, pues uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el país.
Las autoridades federales reprobaron el documento por considerarlo parcial y tendencioso al referirse a casos ocurridos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, añadieron que antes de emitir el texto, el Comité omitió considerar la actualización de información presentada por la Secretaría de Gobernación el pasado 27 de marzo. El propio Comité reconoce en su informe que no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
Sin embargo, el Comité advirtió que la recurrencia de las desapariciones tiene que ver con fallas estructurales en el sistema de búsqueda mexicano y documentó la falta de respuesta del Estado, señalando que en algunos casos, como en Jalisco, han participado autoridades locales. Organizaciones civiles acusaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar la descalificación como una técnica para evadir su responsabilidad internacional ante la crisis.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) impulsó la solicitud formal tras años de trabajo con colectivos y análisis regionales en estados como Coahuila, Veracruz y Nayarit, donde documentó patrones graves de violencia. Por su parte, Amnistía Internacional pidió este jueves al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional para atender la crisis, la cual afecta directamente a más de 132 mil familias.
En un hecho paralelo relacionado con la búsqueda de personas, el jueves 2 de abril de 2026 se llevó a cabo el sepelio de Marco Antonio Saucedo Rocha, hijo de Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. El último adiós tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas en el Panteón Municipal al norte de Hermosillo, después de que una prueba de ADN confirmó esta semana que los restos óseos localizados en un predio correspondían a él.
Los restos de Marco Antonio, quien desapareció en Sonora en 2019, fueron hallados tras casi seis años, el 24 de marzo, durante diligencias en el kilómetro 46 de la carretera 26 en la zona rural de Hermosillo. Ceci Flores se ha convertido en una de las voces más visibles de la crisis tras la desaparición de otro de sus hijos, Alejandro Guadalupe, en 2015 en Los Mochis, Sinaloa.
Sobre el contexto de violencia, Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, alertó que la impunidad en el país se produce en el 95 por ciento de los casos de homicidios contra periodistas y elevó la cifra al 100 por ciento cuando se trata de desapariciones. Según datos de Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 más de 150 periodistas fueron asesinados y al menos 28 permanecen desaparecidos en México.
