Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, mientras el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación a la Asamblea General.
La decisión del CED fue publicada el 2 de abril de 2026. Según el organismo, la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El CED señaló que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso y señaló que el Comité no consideró los esfuerzos institucionales ni la información actualizada que proporcionó el Estado. El gobierno mexicano acusó que el informe se presentó con sesgos y omisión de observaciones sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025.
El gobierno de México reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a cuatro entidades. Además, criticó que no se haya considerado información actualizada entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento.
En su postura, el gobierno de México citó el informe: “El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, respondió sobre los criterios internacionales: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
El Comité documentó que en Jalisco las autoridades están relacionadas con casos registrados, donde el colectivo Guerreros Buscadores localizó un centro operado por grupos criminales. México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819. La organización civil Idheas señaló: “El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”.
