Ciudad de Mexico, 28 de marzo de 2026.- Diversos medios internacionales, entre ellos The New York Times y France 24, han reportado que el objetivo de un reciente bombardeo conjunto entre fuerzas de Ecuador y Estados Unidos no correspondía a un campamento del narcotráfico, como afirmaron inicialmente las autoridades, sino a una granja lechera civil. La operación, ocurrida a principios de marzo de 2026 en la zona fronteriza del norte de Ecuador, ha generado controversia debido a las discrepancias entre la narrativa oficial y los testimonios recabados en el lugar.
Según las investigaciones periodísticas publicadas, el sitio destruido por los explosivos era una finca dedicada a la producción de ganado y leche. Mientras el gobierno ecuatoriano y funcionarios estadounidenses describieron el objetivo como parte de una red ilícita y criminal vinculada al entrenamiento de narcotraficantes, los residentes locales y propietarios del terreno aseguran que se trataba de una propiedad productiva sin vínculos con actividades ilegales.
La abogada Lina Maria Espinosa denunció graves violaciones a los derechos humanos previas al ataque aéreo. De acuerdo con su testimonio, varios de sus clientes, trabajadores de la finca, fueron sometidos a torturas que incluyeron ahogamiento y toques eléctricos por parte de efectivos militares antes de ser liberados o detenidos. Estas acusaciones contrastan con la descripción de una operación quirúrgica contra el crimen organizado ofrecida por los mandos castrenses.
En el ámbito político-militar, el general Joseph M. Humire declaró ante el Comité de Servicios Armados que los ataques contra cárteles en América Latina son “sólo el comienzo”, anunciando bajo el nombre de “Operación Exterminación Total” una escalada en las acciones bélicas. Por su parte, Francis Donovan señaló que aunque los ataques a embarcaciones “no eran la respuesta”, se plantea expandir la campaña para combatir a estas organizaciones, contexto en el que se enmarca el incidente en la frontera norte.
Las versiones contradictorias han puesto en duda la precisión de la inteligencia utilizada para el ataque. Mientras el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la acción como un golpe necesario a la infraestructura criminal, los reportes de prensa internacional y las denuncias de organizaciones de derechos humanos apuntan a un error de identificación del objetivo que resultó en la destrucción de bienes civiles y agresiones a la población local.
Hasta el momento, no se ha emitido una rectificación oficial por parte del Pentágono o del gobierno de Quito respecto a la naturaleza civil de la finca afectada. El caso permanece bajo escrutinio mientras se profundiza en las circunstancias del operativo y se verifican las alegaciones de maltrato hacia los trabajadores agrícolas involucrados.
